Seis nuevos árbitros internacionales se integran a la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Santiago
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La juramentación, realizada en el marco de los congresos AICO y CIAC, refuerza el compromiso institucional con la excelencia en la resolución de conflictos y el posicionamiento regional del CRC-STI.
La Cámara de Comercio y Producción de Santiago, a través de su Corte de Arbitraje y Resolución Alternativa de Conflictos (CRC-STI), ha fortalecido su compromiso con la excelencia en la resolución de disputas mediante la juramentación de seis nuevos árbitros internacionales: Irma Rivera, Julio José Rojas, Yolanda Cosme, Justo Pedro Castellano, Liliana Sánchez y Johanna Sinning.
Este acto representa un paso significativo en la consolidación de la institución como un referente en métodos alternativos de solución de conflictos en la región.
Durante la ceremonia de juramentación, encabezada por Luis Campos Jorge, presidente de la institución, y realizada en el marco de los congresos internacionales AICO y CIAC, se destacó la importancia de contar con profesionales altamente capacitados y con experiencia internacional para abordar los desafíos que presentan las disputas en un entorno globalizado. La actividad también contó con la presencia Juan José Arias, presidente de la Corte de Arbitraje y Resolución Alternativa de Conflictos, y de Fernando Puig Miller, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago.
Los nuevos árbitros, seleccionados por su trayectoria y conocimiento en arbitraje internacional, se integran a la lista de árbitros oficial del CRC-STI con el objetivo de ofrecer soluciones eficientes, confidenciales y adaptadas a las necesidades de las partes involucradas en los conflictos. Su incorporación refuerza la capacidad de la corte para manejar casos de mayor complejidad y alcance transfronterizo.
La Corte de Arbitraje y Resolución Alternativa de Conflictos continúa su labor de promover la cultura del arbitraje, la mediación y la conciliación como herramientas efectivas para la resolución de controversias, contribuyendo al desarrollo económico y al fortalecimiento del Estado de derecho en la República Dominicana.